Costos

Hace ya varios meses que las propuestas del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, son titulares de diarios y ocupan una gran porción de los tópicos comentados en televisión. Es indudable que sugerencias como dolarizar, cerrar ministerios o reestructurar el sistema de educación pública llaman mucho la atención del votante y son el centro de discusión en la escena política actual. ¿Cómo funciona un sistema de vouchers? ¿Qué estamos perdiendo y ganando al pasar a un sistema como este? ¿Qué interrogantes quedan sobre su aplicación? El sistema de vouchers es una iniciativa que busca mejorar la calidad educativa de los colegios transformando la actual forma de financiamiento estatal en la educación pública. La educación puede ser entendida como cualquier otro bien escaso: tiene una oferta y una demanda que determina precios y cantidades, y está sujeto a restricciones e incentivos que moldean el comportamiento en el mercado. La propuesta, a grandes rasgos, es sencilla: el Estado pasa a jugar un rol diferente en la asistencia a las personas de bajos recursos, subsidiándolas para que puedan elegir el colegio privado que más se adapte a sus preferencias y dejándole el lugar de proveedor de educación (en su mayoría) al sector privado. Una forma de pensarlo es que el Estado en lugar de atender y ser dueño un kiosco, subsidie a las personas de más bajos recursos para que puedan comprar en el kiosco privado que deseen. Lo que los defensores del sistema de vouchers sostienen es que existe una manera de que los alumnos puedan recibir educación gratuita sin que los colegios sean propiedad del Estado. Si el gobierno en lugar de ser dueño de establecimientos educativos simplemente financiase la educación de los alumnos en colegios privados, terminarías con muchas ineficiencias creadas por conflictos de intereses y problemas de cálculo económico. Incentivos bajo el sistema actual Los conflictos de intereses y las ineficiencias en el sistema educativo estatal existen y son claros. Basta tan solo con reflexionar en el hecho de que los colegios estatales monopolizan una base de personas que su única opción de escolaridad es la gratuita y por ende cualquier calidad educativa que les sea ofrecida la van a tomar de igual manera, ya que justamente no tienen otra opción. Por otro lado, el Estado comúnmente se ve tentado a enseñar en los colegios públicos lo que al mismo Estado le conviene en relación al rol que tiene él mismo en la sociedad. Dicho de otro modo, hay un conflicto de interés en lo que el Estado enseña sobre la utilidad que tiene en la sociedad y es por eso mismo que de manera tan recurrente se dan casos de adoctrinamiento alevosos hoy en Argentina. También es importante destacar que no existen incentivos por parte del Estado a mejorar la calidad de la educación, ya que justamente no consiguen su ingreso monetario directamente desde los usuarios de la misma, sino que su financiamiento tiene una naturaleza involuntaria. Al no tener que competir en el mercado ni convencer a nadie de que compre su producto, el Estado no tiene por qué detenerse a pensar si su producto es más valorado por sus usuarios de lo que es costoso, o si su calidad es la adecuada para maximizar sus beneficios minimizando los costos. Esto es así ya que sus ingresos no provienen de una elección voluntaria y los costos no salen del bolsillo del administrador, sino que son financiados de manera coercitiva y el Estado no percibe un costo por administrar erróneamente un aparato que no es de su propiedad, ni se financia con su dinero. El problema del cálculo económico se refiere a lo siguiente: el Estado no sabe (ni podría saber, aunque quisiera) cuál es el beneficio social de financiar un proyecto, porque las personas no están pagando de manera voluntaria este mismo y no hay precios formados, por ende, no se sabe cuántas personas de verdad lo valorarían, dada la calidad, más de lo que les costaría. La clave del sistema de precios es que es la única manera que tienen las personas de demostrar cuánto valoran un bien y cuántos recursos se deben dedicar a producir más del mismo, sin un sistema de precios, no se sabe si se está produciendo más o menos de lo que realmente se desea de un bien y por ende se podrían estar dedicando recursos de más o de menos. El Estado, al no poner un precio por la educación que ofrece, incurre en estos problemas y le es imposible gastar recursos de los contribuyentes de manera eficiente. Todo este sistema es esencial para entender las prioridades de los consumidores. Por ejemplo, un colegio que haya quebrado podría ser un indicio de que las personas hubieran preferido que esos recursos fueran gastados en otro proyecto (por ejemplo, otro colegio que enseñe diferentes asignaturas). Incentivos bajo el sistema de vouchers Como ya dijimos, con un voucher los colegios serían, al menos en su mayoría, privatizados y gratuitos. Se estaría pasando de un sistema parcialmente estatal a uno mayoritariamente privado en el que el único rol del estado sería subsidiar la demanda (el alumnado). Esto garantizaría una competencia entre los diferentes colegios privados para captar la demanda de alumnos, impulsando así la mejora de la calidad educativa. Solamente con esto estaríamos eliminando el problema de incentivos en cuanto a la provisión de calidad ya que incorporaríamos más competencia. También nos desharíamos del problema de la falta de incentivos para administrar de manera eficiente los colegios. Esto es así ya que el dueño del colegio privado va a buscar maximizar sus beneficios sin despilfarrar dinero, al final, cualquier centavo gastado de más es dinero de su bolsillo y no de otras personas. ¿Y sobre el adoctrinamiento partidario de algunos profesores? Bueno, como se mencionó previamente, este sistema, al basarse en la competencia, le da lugar a las familias a que elijan el colegio que más coincida con sus preferencias y enseñen los valores que deseen transmitirles a sus hijos. Al no ser instituciones estatales, se crearían colegios muy diversos, los