Las políticas públicas en torno a la formación docente inicial en Argentina

En las últimas dos décadas, en Argentina se han abordado diferentes estudios en torno a la formación docente inicial. Muchos de ellos, en un sentido estricto, no pueden ser considerados investigaciones con sustento empírico. Sin embargo, se ha considerado el valor académico de los artículos que tienden a dar cuenta del debate actual sobre el tema y el aporte de elementos significativos a la hora de reflexionar y analizar el mismo.

Los estudios permiten dar cuenta de un estado de situación que pone en evidencia la desarticulación hacia el interior del sub-sistema formador, así como, desde éste, con los demás niveles del macro-sistema educativo, especialmente los vinculados a los niveles obligatorios de nuestro país.

Los abordajes, de carácter descriptivo y analítico, se han realizado sobre los modelos de las políticas públicas en torno a la formación docente inicial y tienden a poner en debate la necesidad de mejorar la gobernabilidad del sub-sistema en términos de legitimidad, calidad, articulación y participación; considerando que éstas son las condiciones requeridas en toda trasformación tendiente a dar respuestas a las nuevas demandas de la sociedad y que las mismas, deberán ser plasmadas, paulatinamente, en cualquier programa de políticas públicas sobre el sub-sistema formador.

En cuanto a la gobernabilidad democrática de los sistemas educativos y de las instituciones del nivel superior, los resultados permiten reconocer y afirmar que la educación debe ser considerada como una tarea de todos, con la centralidad del Estado, con una actitud pluralista y negociadora y con decisiones adoptadas en forma participativa desde el consenso en el marco de una nueva relación entre el Estado y la sociedad. En lo que respecta a la legitimidad, se plantea la necesidad de proyectar políticas educativas establecidas a través de procesos de concertación, con acciones estratégicas, teniendo en cuenta escenarios de largo y mediano plazo, con criterios consensuados en cuanto a la pertinencia de prioridades y metas en términos de equidad social y de financiamiento disponible.

Por otra parte, resguardar la calidad, implicaría que la oferta educativa se corresponda con las tendencias mundiales, posicionando académicamente a las instituciones formadoras y sus colectivos docentes; lo cual permitirá brindar respuestas satisfactorias a las necesidades de la población estudiantil y a la sociedad en su conjunto. Esto requiere de una buena gestión de los procesos y de los recursos humanos, financieros y materiales involucrados, mayor profesionalización de docentes y de un proceso permanente de evaluación de resultados y de impactos.

La participación, como requisito de la gobernabilidad democrática, plantea la necesidad de promover un mayor protagonismo de la sociedad organizada, en la planificación de las políticas de educación superior y en la conducción de estas. Ello supone integrar la participación de representantes de las organizaciones sociales y del Estado, siempre en el marco de una autonomía institucional fortalecida a partir de nuevas modalidades de participación y de representación.

Si bien se puede apreciar una tendencia de estudios que establecen las condiciones requeridas para la trasformación del sub-sistema formador, también es relevante considerar una línea de investigaciones que ponen el énfasis en el estado de situación y en las necesidades sentidas de éste sub-sistema. En ella, se exponen diferentes estudios que ponen en relevancia  parámetros que permitan pensar un marco de políticas educativas para el nivel y, para la formación docente en particular, desde el supuesto que solo los problemas históricos del sistema educativo respecto al: fracaso, deserción y bajo rendimiento, podrán ser superados en la medida en que se proyecte una renovación en la formación de los profesorados; constituyendo esta postura un  aspecto considerado “crucial” en cualquier proceso de transformación escolar. En la última década las investigaciones en el campo de las políticas públicas en torno a la sub-sistema formador, no solo han avanzado sobre un diagnóstico del mismo, sino también, consideran la urgencia de lograr la legitimidad del cambio desde políticas que se construyan desde el consenso y la participación de los actores involucrados, entre los cuales el Estado y la sociedad en su conjunto, deben asumir una gran responsabilidad.

Tal consideración, se sostiene desde el supuesto principal, que el Estado garantizará el ordenamiento de las políticas públicas en relación al sub-sistema formador, en una acción coordinada entre el nivel nacional y jurisdiccional -por cuanto este constituye una pieza clave dentro del proceso de cambio educativo- y, tal ordenamiento asociado a una trasformación integral de la formación docente inicial, asegurará la educación como bien público y un derecho personal y social, en los demás niveles del sistema educativo. Uno de los mecanismos para asegurar el servicio educativo como “derecho”, se vincula directamente a la toma de decisiones estratégicas en la dirección, planificación, desarrollo e impulso de las políticas en respuesta al requerimiento social.

Por otra parte, ese piso de orientaciones comunes en los países de Latinoamérica supone intervenir en la formación docente entendiéndola como una profesión cuya especificidad se centra en la enseñanza, entendida como acción intencional y socialmente mediada para la transmisión de la cultura y el conocimiento en contextos escolares diversos, como uno de los ámbitos privilegiados para dicha transmisión y, para el desarrollo de potencialidades y capacidades de los alumnos.

Como tal, la enseñanza es una acción compleja que requiere de un proceso de reflexión y comprensión de las dimensiones sociopolíticas, histórico-culturales, pedagógicas, metodológicas y disciplinarias para un adecuado desempeño en las escuelas y en contextos diversos, resguardando la identidad, el desarrollo personal y garantizando un servicio de calidad desde prácticas de equidad, para responder oportunamente a las exigencias de nuestra sociedad en el Siglo XXI.

Al respecto, se entiende que las políticas de planeamiento del sistema formador se sustentan en la necesidad de iniciar un camino desde la prescripciones, desde la institucionalización de un marco normativo que permita instrumentar la cohesión del sistema formador, es decir que brinde las respuestas requeridas para el accionar en las actuales circunstancias socio-históricas de contextos reconocidos desde lo diverso. Condición que se instituye como un elemento fundante de los argumentos de las actuales políticas públicas en torno a la Formación Docente Inicial.

La convergencia de estos supuestos en diferentes dimensiones (social, política y cultural), tiene una utilidad práctica en tanto generan explicaciones naturalizadas, que se asumen como reales e incuestionables para poder dar respuestas a los problemas visualizados en los niveles obligatorios del sistema educativo. Se les asigna un peso sustantivo, desde el momento que generan las bases requeridas del proceso de trasformación como garantía del ejercicio de la democracia, planteado por el complejo orden social a nuestros actuales niños y jóvenes que circulan por el sistema.

La planificación de políticas públicas que reconozcan las necesidades estructurales de todo el sistema formador, facilitará nuevas oportunidades de bienestar colectivo e individual, logrando mayores condiciones de equidad y calidad de los sistemas educacionales. Como gran desafío de los sistemas de educación superior, se plantea la necesidad de asegurar la equidad de su expansión, transformándose en palancas de promoción y movilidad social, lo cual supone considerar a la educación superior como un derecho tal como ocurre en los demás niveles de los sistemas educacionales.

A este gran desafió para los sistemas de educación superior en Argentina, se le agrega la exigencia de coordinación interna y vinculación con otras esferas sociales, es decir requieren de una mayor racionalización y mejores mecanismos de rendición de cuentas hacia la sociedad. Esto no implica anular la autonomía de las instituciones, sino crear instrumentos de política pública que permitan a la sociedad, a través de sus instituciones monitorearlas y orientarlas hacia fines públicos.

En lo que respecta a la coordinación vertical de instituciones públicas, ligadas a la planificación política de los sistemas de educación superior, se suele mencionar la necesidad de trabajar sobre la profesionalización del colectivo docente, lo que implica una política de formación permanente que se oriente a la especialización y a una mejor vinculación con necesidades y oportunidades de las comunidades, en las cuales se inserten las ofertas de formación docente.

Estos requerimientos planteados desde el análisis de situación en diversos países de Latinoamérica, conlleva a reconocer que los mismos deberán realizar un mayor esfuerzo de financiamiento público, aspecto que deberá dinamizarse a la par de instituciones de contralor de carácter más estricto que los existentes, en materia de uso de recursos para el desarrollo de la ciencia y la tecnología brindados por el Estado.  Existe acuerdo en que el esfuerzo de inversión pública en este campo debe ser muy superior a lo hecho hasta ahora. 

En este marco, la literatura nacional, tiende a exponer un estado de “crisis de la educación superior”, atribuyendo la misma no solo a factores endógenos del sistema, sino también, a factores de carácter exógenos. La cuestión de la crisis educativa actual es abordada por múltiples investigaciones que intentan elucidar, de las políticas públicas, tanto las causas de sus fracasos como los desafíos para el cambio requerido, específicamente sobre el sub-sistema formador. Asimismo, conceptualizan a la educación superior como un medio estratégico para incrementar el capital social y el bienestar de la comunidad, capaz de aportar significativamente a la cultura, el arte y la ciencia.

Se observa que las políticas para mejorar la calidad en educación deberán estar enfocadas a trabajar sobre la planificación en torno a la formación docente, constituyendo una apuesta en la resolución de los problemas de bajo rendimiento e inequidad educativa, a lo largo de los diferentes niveles de obligatoriedad del sistema educativo.

Por otra parte, debemos considerar que una política educativa para el nivel superior que no atienda en forma simultánea distintos aspectos (sociales, económicos, culturales y pedagógicos), correrá el riesgo de evadir la complejidad estructural que caracteriza. Aspectos que posiblemente, se han dejado de lado o abordado unilateralmente lo cual explica la actual situación por la que atraviesa la formación docente en nuestro país.

Evidentemente, la gran preocupación de los hacedores de las políticas deberán a fomentar una discusión inclusiva entre actores nacionales sobre cómo fortalecer la profesión docente y hacer recomendaciones para un proyecto político, que priorice una política docente en la agenda pública que atienda no solo lo diverso, sino también, próximos pasos, ampliando su cobertura para incluir temas más allá del tradicional énfasis en los salarios y la formación. Ello supone buscar consensos entre actores sobre maneras de mejorar la enseñanza y los aprendizajes a través de mejores políticas de Estado que eviten la coexistencia de circuitos con características muy divergentes entre sí.