Mientras la tecnología avanza rápido, cada vez son más los padres y expertos que abogan por limitar su acceso a los más pequeños.
El pasado mes de noviembre, dos profesoras de Secundaria presentaron en el Congreso más de 63.000 firmas para pedir al Gobierno la prohibición del uso de los móviles hasta los 16 años en las escuelas. Su objetivo era generar un debate sobre el papel de los dispositivos en las aulas. Y vaya si lo consiguieron. Desde entonces, la pregunta sobre si permitir o no los teléfonos en las clases ha inundado los medios, las calles, las escuelas y, lo más importante, ha llegado al Gobierno.
Hasta ese momento, solo cuatro comunidades autónomas, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Castilla y León, regulaban el uso de teléfonos móviles en las aulas. Pero la discusión que querían abrir las profesoras se convirtió en un debate nacional y en diciembre, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, convocó una reunión con las comunidades autónomas para regular el uso de los smartphones en los centros educativos.
Desde entonces y hasta el pasado miércoles, día en el que se llevó a cabo la reunión de la ministra, ocho territorios, incluidos Ceuta yMelilla, han puesto ya en marcha su propia regulación para limitar el uso de los teléfonos en las aulas. En el otro lado del tablero está País Vasco que decidió no enviar a ningún representante a la reunión con Alegría para seguir su “propia hoja de ruta” en cuanto a la regulación de este tipo de dispositivos.
Por su parte, Cantabria, Navarra, Comunidad Valenciana o La Rioja están aún trabajando en posibles normas o simplemente han optado por dejar de momento en manos de los centros educativos la decisión de limitar o no los teléfonos en clase. La recomendación del Gobierno es clara: prohibidos los teléfonos móviles en Primaria, y en Secundaria, Bachillerato y FP, solo bajo supervisión del docente.
En la actualidadad, según concluye la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares, publicada por el INE, casi la mitad de los niños de 11 años usa móvil. Además, el 70,6% de los que tienen 12 años usa el smartphone y un 70% de los niños de entre 10 y 15 años tiene teléfono propio. Esto supone que más de dos millones de menores que se encuentran en esa franja de edad disponen de un teléfono móvil en España.
“Nuestros jóvenes están expuestos a las pantallas en general de una manera excesiva, y esto es algo que hay que trabajar. Hay que trabajar en la moderación y graduar el uso que se hace. Que haya un aprendizaje en el uso de pantallas y smartphones. También es necesaria una supervisión activa del uso que hacen los niños”, explica Patricia Sáenz Valiente, coordinadora del Área de Tecnología de la Información y Comunicación Aplicadas a la Educación en los Grados de Maestro y Pedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja.
“Ya no hablamos del control parental que ofrece el dispositivo, si no de un adulto que se responsabiliza y de una mayor educación para que se conozcan los riesgos y lo que supone tener una pantalla y su uso. Pero no podemos apartar a los jóvenes y cerrar los ojos ante los avances”, agrega.
PANTALLAS EN LAS AULAS
En 2017, Suecia lanzó su Estrategia Nacional de Digitalización del Sistema Escolarcon el objetivo de convertir al país en “el mejor del mundo en el uso de las oportunidades de digitalización”. Seis años más tarde, la actual ministra de Educación, Lotta Edholm, ha decidido comenzar a retirar las pantallas de las aulas para volver progresivamente a los libros de texto. Para este cometido se invirtieron el año pasado 58 millones de euros, a los que se añadirá otra partida similar este curso para que cada estudiante tenga un libro por materia.
La motivación principal de Edholm para eliminar las tabletas que durante años han estado en las escuelas está en la comprensión lectora. Aunque los estudiantes suecos obtienen puntuaciones superiores a la media europea, la evaluación del Estudio Internacional de Progreso en la Capacidad Lectora destacó un empeoramiento entre los niños suecos. Según los expertos consultados por el propio gobierno nórdico, el uso excesivo de pantallas durante las lecciones escolares puede hacer que los jóvenes se retrasen en las materias básicas, como la lectura o la escritura.
En España, en 2020, cuando la pademia obligó a convertir las clases en digitales, el Gobierno presentó el programa Educa en Digital para impulsar la transformación tecnológica de la educación en nuestro país. Mediante este programa, el Ejecutivo se comprometía a destinar 260 millones de euros. De ellos, 190 millones a través de Red.es (184 millones de fondos FEDER) y 70 millones de las comunidades autónomas para dotar de dispositivos y conectividad a los centros educativos, especialmente a los alumnos más vulnerables.
Cuatro años más tarde, España no tiene claro si seguir con tabletas y portátiles en las aulas o no. Tal y como explicaba Olga R. Sanmartín en El Mundo a finales de 2023 en su artículo El gran fiasco de las pantallas en la educación, muchas escuelas de negocios y universidades están empezando a dar marcha atrás en el uso de pantallas al igual que algunos colegios al comprobar que los alumnos emplean los Chromebooks para acceder a contenido no adecuado para su edad.
Pero más allá de los terminales y las pantallas en las aulas, otra de las preocupaciones crecientes está en los accesos de menores a las redes o páginas de contenido para adultos. “Lamento todo lo que han pasado. Nadie debería pasar por lo que sus familias han sufrido y por eso invertimos tanto y vamos a seguir realizando esfuerzos en toda la industria”, se disculpaba el CEO de Meta hace una semana en el Congreso de Estados Unidos ante padres de menores que han sufrido daños por culpa de las redes sociales. Mark Zuckerberg, junto con los directores ejecutivos de X, Linda Yaccarino; TikTok, Shou Zi Chew; Snap, Evan Spiegel; y Discord, Jason Citron, comparecieron ante la Comisión Judicial del Senado para testificar sobre los riesgos que sus productos representan para los jóvenes.
En esta sesión, Zuckerberg aseguró que había reforzado las restricciones de contenido para adolescentes, como la visualización de mensajes sobre suicidio o trastornos alimentarios en sus redes. Estos compromisos no han evitado que Meta se enfrente a una demanda de unos cuarenta estados que acusan al gigante de las redes de permitir el acceso de usuarios menores de 13 años a Instagram.
Limitar el acceso por edad a las redes sociales es uno de los grandes debates a los que se enfrentan estas compañías desde hace años y pese a que han anunciado medidas y restricciones para asegurarse de que los más pequeños no entran a formar parte de sus redes, la realidad es que abrir una cuenta sigue siendo muy sencillo. De hecho, ni en Instagram ni en Facebook es necesario aportar ningún documento si se pone una fecha de nacimiento falsa. Lo mismo ocurre con Tik Tok, en la que salvo que se ponga una fecha de un menor de 13 años, no se impide el acceso.
Lo que sí hacen Instagram y Facebook es trabajar con inteligencia artificial para revisar las publicaciones de los usuarios y verificar su edad. Por ejemplo, si observan que en las felicitaciones de cumpleaños aparece una cifra que no se corresponde con la que tienen, bloquean la cuenta.
En España, la Asociación Europea para la Transición Digital, Save The Children, Fundación ANAR, iCMedia, Dale Una Vuelta y Unicef, con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos y la CNMC, han unido fuerzas y han lanzado el mes pasado una propuesta de Pacto de Estado para proteger a los menores de contenidos a los que no deberían acceder. Una parte de esta propuesta es una aplicación creada por la Fábrica de Moneda y Timbre que se instalará en el móvil y comprobará la edad a través de un documento oficial. El Gobierno asegura que el objetivo es proteger a menores del acceso a contenidos para adultos y que, a su vez, esos contenidos puedan ser accesibles para aquellas personas que puedan demostrar su edad sin necesidad de hacer visible su identidad. Se trata de una iniciativa que también están desarrollando Reino Unido y Francia.
También con este objetivo, la start up española Bouncer Digital ha desarrollado una solución tecnológica universal para la validación digital de identidades y de la mayoría de edad. Mediante el uso de biometría para el reconocimiento facial y de inteligencia artificial para prevenir la suplantación y el escaneo de documentos oficiales, la compañía española crea una identidad digital del usuario que le permite o deniega el acceso a servicios restringidos a determinadas edades.
“Estamos ante un gran problema que pone en riesgo a los menores y que no deja de agravarse año tras año por la falta de restricciones. Es necesario contar con normas más estrictas, tanto a nivel global como local, para proteger cuanto antes a los menores no solo de la pornografía, sino también de otros sectores como el alcohol, el tabaco o los juegos de azar”, afirma Jorge Bardón, CEO de Bouncer Digital.
“La limitación en el acceso es necesaria pero como todo, debe trabajarse desde todos los aspectos de la sociedad, no sólo las compañías o los desarrolladores, si no también desde la parte formativa para que estas regulaciones se cumplan y que realmente tengan un sentido. Es un tema muy complejo desde el punto de visto técnico pero también social”, afirma Sáenz Valiente, de la Universidad Internacional de La Rioja.
Fuente: [2024-08-febrero]. Así regula España el uso que hacen los menores de la tecnología. https://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2024/02/08/65c399d6468aebed328b45a6.html
