Sistema de incentivos bajo un esquema de vouchers educativos

Hace ya varios meses que las propuestas del candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, son titulares de diarios y ocupan una gran porción de los tópicos comentados en televisión. Es indudable que sugerencias como dolarizar, cerrar ministerios o reestructurar el sistema de educación pública llaman mucho la atención del votante y son el centro de discusión en la escena política actual.

¿Cómo funciona un sistema de vouchers? ¿Qué estamos perdiendo y ganando al pasar a un sistema como este? ¿Qué interrogantes quedan sobre su aplicación?

El sistema de vouchers es una iniciativa que busca mejorar la calidad educativa de los colegios transformando la actual forma de financiamiento estatal en la educación pública. La educación puede ser entendida como cualquier otro bien escaso: tiene una oferta y una demanda que determina precios y cantidades, y está sujeto a restricciones e incentivos que moldean el comportamiento en el mercado.

La propuesta, a grandes rasgos, es sencilla: el Estado pasa a jugar un rol diferente en la asistencia a las personas de bajos recursos, subsidiándolas para que puedan elegir el colegio privado que más se adapte a sus preferencias y dejándole el lugar de proveedor de educación (en su mayoría) al sector privado. Una forma de pensarlo es que el Estado en lugar de atender y ser dueño un kiosco, subsidie a las personas de más bajos recursos para que puedan comprar en el kiosco privado que deseen.

Lo que los defensores del sistema de vouchers sostienen es que existe una manera de que los alumnos puedan recibir educación gratuita sin que los colegios sean propiedad del Estado. Si el gobierno en lugar de ser dueño de establecimientos educativos simplemente financiase la educación de los alumnos en colegios privados, terminarías con muchas ineficiencias creadas por conflictos de intereses y problemas de cálculo económico.

Incentivos bajo el sistema actual

Los conflictos de intereses y las ineficiencias en el sistema educativo estatal existen y son claros. Basta tan solo con reflexionar en el hecho de que los colegios estatales monopolizan una base de personas que su única opción de escolaridad es la gratuita y por ende cualquier calidad educativa que les sea ofrecida la van a tomar de igual manera, ya que justamente no tienen otra opción.

Por otro lado, el Estado comúnmente se ve tentado a enseñar en los colegios públicos lo que al mismo Estado le conviene en relación al rol que tiene él mismo en la sociedad. Dicho de otro modo, hay un conflicto de interés en lo que el Estado enseña sobre la utilidad que tiene en la sociedad y es por eso mismo que de manera tan recurrente se dan casos de adoctrinamiento alevosos hoy en Argentina.

También es importante destacar que no existen incentivos por parte del Estado a mejorar la calidad de la educación, ya que justamente no consiguen su ingreso monetario directamente desde los usuarios de la misma, sino que su financiamiento tiene una naturaleza involuntaria. Al no tener que competir en el mercado ni convencer a nadie de que compre su producto, el Estado no tiene por qué detenerse a pensar si su producto es más valorado por sus usuarios de lo que es costoso, o si su calidad es la adecuada para maximizar sus beneficios minimizando los costos. Esto es así ya que sus ingresos no provienen de una elección voluntaria y los costos no salen del bolsillo del administrador, sino que son financiados de manera coercitiva y el Estado no percibe un costo por administrar erróneamente un aparato que no es de su propiedad, ni se financia con su dinero.

El problema del cálculo económico se refiere a lo siguiente: el Estado no sabe (ni podría saber, aunque quisiera) cuál es el beneficio social de financiar un proyecto, porque las personas no están pagando de manera voluntaria este mismo y no hay precios formados, por ende, no se sabe cuántas personas de verdad lo valorarían, dada la calidad, más de lo que les costaría.

La clave del sistema de precios es que es la única manera que tienen las personas de demostrar cuánto valoran un bien y cuántos recursos se deben dedicar a producir más del mismo, sin un sistema de precios, no se sabe si se está produciendo más o menos de lo que realmente se desea de un bien y por ende se podrían estar dedicando recursos de más o de menos. El Estado, al no poner un precio por la educación que ofrece, incurre en estos problemas y le es imposible gastar recursos de los contribuyentes de manera eficiente.

Todo este sistema es esencial para entender las prioridades de los consumidores. Por ejemplo, un colegio que haya quebrado podría ser un indicio de que las personas hubieran preferido que esos recursos fueran gastados en otro proyecto (por ejemplo, otro colegio que enseñe diferentes asignaturas).

Incentivos bajo el sistema de vouchers

Como ya dijimos, con un voucher los colegios serían, al menos en su mayoría, privatizados y gratuitos. Se estaría pasando de un sistema parcialmente estatal a uno mayoritariamente privado en el que el único rol del estado sería subsidiar la demanda (el alumnado). Esto garantizaría una competencia entre los diferentes colegios privados para captar la demanda de alumnos, impulsando así la mejora de la calidad educativa.

Solamente con esto estaríamos eliminando el problema de incentivos en cuanto a la provisión de calidad ya que incorporaríamos más competencia. También nos desharíamos del problema de la falta de incentivos para administrar de manera eficiente los colegios. Esto es así ya que el dueño del colegio privado va a buscar maximizar sus beneficios sin despilfarrar dinero, al final, cualquier centavo gastado de más es dinero de su bolsillo y no de otras personas.

¿Y sobre el adoctrinamiento partidario de algunos profesores? Bueno, como se mencionó previamente, este sistema, al basarse en la competencia, le da lugar a las familias a que elijan el colegio que más coincida con sus preferencias y enseñen los valores que deseen transmitirles a sus hijos. Al no ser instituciones estatales, se crearían colegios muy diversos, los cuales su único incentivo sería satisfacer lo que la demanda les pida, ya que se financiarían estimulados por complacer familias, y no de forma coercitiva.

Implementación

Hay que tener en cuenta que gran parte de los resultados del programa dependen en cómo se lleve a cabo y que no en todas partes se diseñó de la misma manera, esto claramente podría influir en los incentivos en el mercado.

Para implementar el sistema en Argentina, habría que dividir el presupuesto educativo entre la cantidad de alumnos para saber cuánto puede financiar cada voucher. Este es uno de los debates centrales sobre el voucher, ya que deja en duda la cuestión de si el presupuesto alcanzaría para financiarle la educación más cara a todos los alumnos. De no ser así, ¿habría colegios que cobren a las familias por encima de lo que el Estado les transfiera en forma de vouchers? ¿Generaría esto más desigualdad de la que hay hoy? ¿Vale la pena arriesgarnos a ser una sociedad menos igualitaria a cambio de que todos reciban mejor educación? Estas preguntas probablemente necesiten un análisis más exhaustivo, por el momento podemos observar cómo algunos países implementaron sistemas educativos parecidos al voucher.

Suecia eligió un formato que consiste en un voucher educativo que acompaña al alumno pagándole directamente a la institución educativa. Este voucher puede ser utilizado tanto en centros educativos estatales donde todos los niños tienen su lugar asegurado, como aquellos que se encuentran gestionados de forma privada. Las condiciones para estas instituciones son, entre otras, que no pueden cobrar una cuota extra a las familias, ni rechazar postulantes bajo ningún concepto, los cuales ingresan por orden de solicitud.

Por otro lado, en Chile, los cambios en el sistema educativo hacia un sistema de subvenciones se empezaron a dar a finales de la década del 80, donde se instaló un sistema de subsidios estatales para establecimientos privados y municipales según asistencia. El nuevo modelo potenció la libertad de elección de las familias para que los establecimientos compitieran por captar estudiantes, mejorando su calidad. Aunque la mayoría de la literatura reconoce estas reformas como un modelo Voucher, los padres nunca reciben un cupón. Este es un modelo particular, donde no existe un cupón entregado a las familias, sino que los colegios reciben un subsidio según su demanda.

Pero claramente no todo es tan fácil como suena y hay muchas preguntas que a día de hoy son cuanto menos difíciles de responder. Por ejemplo: Si la educación es gratuita, ¿no se verían sobrecargados los mejores colegios? Probablemente los mejores colegios sí que tendrían diferentes precios justamente para ajustar la cantidad de alumnos.

Una manera de resolver esto podría ser que a las familias se les transfiera el dinero no utilizado del voucher. Es decir, en caso de que la cuota del colegio elegido fuera menor del máximo a cubrir por el voucher, se traspase a la familia en forma de cheque lo restante no gastado. Así, alguno podría pensar que prefiere educarse en una institución de calidad “media” antes que “alta” ya que no le reporta tanta utilidad tener una educación alta y prefiere usar el resto del dinero para cubrir otras necesidades. El problema de este caso es que podría incentivar a algunos padres a que gasten gran parte o la totalidad del voucher en otro bien que no sea educación lo cual no es el objetivo del sistema.

También hay preguntas muy importantes como qué pasaría con los colegios que se saben deficitarios (por ejemplo, un colegio en un pueblo chico de Argentina, con pocos alumnos) en caso de instalar un sistema de vouchers. ¿Debería ir a la quiebra simplemente por no llegar a cubrir sus gastos? En este caso hay un gran debate al respecto. La principal razón por la que se propone un sistema de vouchers es para reducir el gasto ineficiente y aumentar la calidad educativa, pero esto no significa que haya que dejar a la deriva a personas. El proyecto está planteado para privatizar la mayor cantidad de escuelas posibles, aunque eso no quiere decir que tengan que dejar de existir algunos colegios públicos en zonas específicas como en este caso.

Para finalizar, quedan muchas preguntas abiertas sobre este sistema que hoy se discute tanto en Argentina. En el estudio del desarrollo económico de los países se le da mucha importancia a la educación, y con razón. No es únicamente un derecho tener acceso a educación de calidad, sino que hay diversas investigaciones sobre el impacto positivo que tienen algunos años más de educación en el salario y la calidad de vida, no solamente en las personas más educadas, sino también en el que decidió no continuar con sus estudios, pero es beneficiado por las innovaciones tecnológicas de aquellos que sí.

Muchas veces nos llenamos de información sobre un tópico y mientras más investigamos, más nos perdemos. Espero que este artículo en lugar de generar conflicto o confusión, nos ayude a pensar más profundamente este tema que ocupa un lugar tan céntrico en el debate argentino.