Corrupción

Lanzan modelo en materia de capacitación y combate a la corrupción en las Instituciones Públicas de Educación Superior

Con el objetivo de promover el fortalecimiento institucional a través del desarrollo de capacidades internas, el mejoramiento de procesos, la transparencia y rendición de cuentas, la Asociación Nacional de Universidad e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del estado de Baja California Sur (SESEABCS), la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados y el Sistema Nacional Anticorrupción, firman un Convenio de Colaboración Interinstitucional. Esta iniciativa será implementada a nivel nacional y su propósito es fortalecer los conocimientos técnicos de las personas participantes, con relación al combate y control de la corrupción y la construcción de una cultura de la integridad. En el Poliforo de la UABCS, el Dr. Luis González Placencia, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, afirmó que el combate efectivo a la corrupción exige la articulación de programas e iniciativas de las autoridades y la contribución de instituciones educativas que han estudiado el problema a fondo, y ofrecen la transferencia de conocimiento, buenas prácticas y acciones orientadas a mejorar el desempeño de quienes en distinta escala se encargan del combate a la corrupción. Añadió que una de las grandes cuestiones que se plantean en las instituciones de educación superior consiste en trabajar para que los usos y prácticas que hacen de las universidades verdaderos recintos libres de corrupción, se trasladen también a las comunidades de su entorno. Indicó que es importante resaltar que la cooperación entre instituciones representa un alto grado de compromiso y corresponsabilidad, el cual debe dirigirse hacia el entorno social en el que actúan. Expresó el titular de la ANUIES que el Convenio constituye un importante instrumento de trabajo concertado entre el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, porque la corrupción impide el desarrollo y los grandes problemas nacionales demandan una más firme y comprometida cooperación institucional, para erradicar esas malas prácticas. El Dr. González Placencia comentó que es de celebrar que los Sistemas de Anticorrupción y la ANUIES hayan resuelto la suscripción de este Convenio que es y será, en los hechos, un excelente punto de partida que iremos consolidando y ajustando a las necesidades de un mejor y más efectivo combate a la corrupción en todo el país. En su mensaje de bienvenida el Dr. Dante Salgado, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, señaló la importancia que tiene para nuestro país la transparencia y rendición de cuentas. Destacó el trabajo realizado desde la ANUIES de trabajar con gran visión nacional y con medición precisa en cuanto al manejo de los recursos públicos, para que este modelo termine por multiplicarse a nivel nacional. Por su parte, el Mtro. Servando Espinoza Villavicencio, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción de BCS, indicó que con la firma de este convenio se establecen los lineamientos para cumplir con la normatividad establecida en el combate a la corrupción, que consiste en disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Asimismo, se fortalece la cultura de la legalidad. En el evento, la Mtra. Elide Salvatierra Ramírez, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, manifestó la confianza que existe con la UABCS para llevar a cabo estos actos que representan el respaldo de la ciudadanía con sus instituciones. El Mtro. Roberto Moreno Herrera, Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), explicó las funciones del SNA de proponer políticas públicas y realizar estudios especializados en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos. Igualmente, destacó el trabajo en el diseño de metodologías, indicadores y evaluaciones para medir y dar seguimiento a las políticas públicas integrales implementadas. Expresó la necesidad de homologar criterios en todo el país, en una materia en la que todos debemos hablar un mismo lenguaje. Resaltó que las universidades mexicanas tienen un papel primordial, porque son los jóvenes universitarios quienes desarrollan los programas y algoritmos con que trabajan los sistemas. Por su parte, la Ing. Milena Paola Quiroga Romero, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de La Paz, celebró la firma de este Acuerdo que contribuirá, dijo, a la construcción de una mejor sociedad y porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Finalmente, la Lic. Rosa Cristina Buendía Soto, Contralora del Estado, en representación del Profesor Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, se congratuló por la firma del Convenio. Precisó que para su cumplimiento, es necesario sumar voluntades e implementar acciones, porque es el compromiso de todas y todos para fortalecer la cultura basada en valores éticos y en el ejercicio de sus derechos. Estuvieron también presentes: la Mtra. Claudia Jeanette Cota Peña, Magistrada Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur; el Dr. José Jafet Noriega, Presidente de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES); la Dra. Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ITAI; la Dra. Claudia Méndez Vargas, Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; el Mtro. Lenin Emiliano Ortiz Amao, Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Baja California Sur; el C.P. Julián Francisco Galindo Hernández, Subsecretario de Finanzas, en representación de la Mtra. Bertha Montaño Cota, Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur; la Mtra. Manuela Margarita Amador Robles, Directora de Profesiones, Educación Media Superior y Superior, en representación de la Mtra. Alicia Meza Osuna, Secretaria de Educación Pública del Gobierno del Estado de Baja California Sur; el C.P. Luis Héctor Antuna Hampl, Auditor Especial de Informes, Control y Desempeño, en representación del L.C. Ricardo Verdugo

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Facilita SEE más de 20 trámites digitales para combatir la corrupción

La tecnología ha generado buenas oportunidades para renovar procesos que antes se hacían presenciales, con la digitalización se han puesto trámites al alcance de todos, generando un proceso más rápido, flexible y fácil de hacer. Así es como la implementación de SEEDigital ha sido una pieza clave en el combate a la corrupción y a las malas prácticas que por años laceraron al sector educativo de la entidad; ahora, con los trámites digitales el proceso se hace de forma transparente, sin gestores ni intermediarios, destacó la Secretaría de Educación del Estado (SEE). “Trabajamos de la mano con la Secretaría de Finanzas para la implementación del Gobierno Digital, esto ha sido una herramienta muy importante para agilizar la atención a las y los docentes, así como el ordenamiento administrativo que durante muchos años estuvo en un caos”, señaló la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar. A través de la página de la Dirección de Tecnologías de la Información, https://dti.see.michoacan.gob.mx/sistema-integral-see/Login, docentes y trabajadores pueden realizar más de 20 trámites digitales, como es la solicitud de licencias, bajas, reanudaciones, jubilación, por mencionar algunos; solo es necesario generar una cuenta en el Sistema Integral de la SEE y tener los documentos que se requieren para cada trámite en formato PDF. Además en el caso de requerir orientación sobre el uso de la plataforma la SEE pone a disposición el número de teléfono 443 945 9225, en el que pueden comunicarse también vía WhatsApp o vía correo electrónico mesadeayuda@see.michoacan.gob.mx

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Con trámites digitales SEE combate corrupción y fomenta la transparencia

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) implementa el nuevo sistema de Gobierno Digital que se trabajó de la mano con la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), como una iniciativa diseñada para combatir la corrupción y fomentar la transparencia al realizar trámites administrativos del sector. En la necesidad de maestras y maestros de una gestión transparente a la hora de hacer sus trámites al interior de la SEE, es que la dependencia estatal ha adoptado este enfoque digital para asegurar que los procesos sean más eficientes, sencillos y sin filas para todos los docentes y trabajadores; avanzando así con el reordenamiento administrativo. #SEEDigital, a través de la plataforma dti.see.michoacan.gob.mx, disminuye significativamente las prácticas corruptas con la digitalización de más de 20 trámites y servicios, brindando un acceso más fácil y rápido, eliminando intermediarios. La implementación del Gobierno Digital es un paso fundamental hacia una Secretaría más eficiente y honesta, por lo que la SEE hace un llamado a toda la comunidad educativa a utilizar estas nuevas herramientas que marcan un antes y un después en el sector educativo de Michoacán. Fuente: [2024-21-mayo]. SEE. Con trámites digitales SEE combate corrupción y fomenta la transparencia. https://see.michoacan.gob.mx/con-tramites-digitales-see-combate-corrupcion-y-fomenta-la-transparencia/

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Educación y Capital Humano

Educación y Capital Humano

davidauris@gmail.com La educación es la mejor inversión para desarrollar el capital humano de cualquier país. Esta debe incluir en sus claustros a todos los niños y adolescentes, con el propósito de alcanzar el progreso sostenido. Es necesario comprender que la única riqueza segura, es el poder del cerebro de la gente potenciada por la educación. América Latina y el Perú, aún viven de espaladas a la realidad. No priorizan el desarrollo del capital humano porque solo pretenden crecer con base en los recursos naturales. Existe inequidad en el acceso a la educación y una insuficiente inversión en este sector, con apenas 4% del PBI. Se aprecia una desconexión entre los planes curriculares y el mercado. La región ostenta una mayor cantidad de profesionales especializados en humanidades y pocos en áreas tecnológicas que demanda el planeta.  A esto, se añade un elevado índice de corrupción y despilfarro en ciertos países que cercenan la esperanza de los individuos más humildes. Coincidiendo con el pensador y diplomático argentino Alieto Guadagni, los países en el siglo XXI necesitan recursos humanos más que recursos naturales. En efecto, existen naciones con una considerable riqueza natural, tales como Venezuela, Nigeria y Perú, que no pueden salir de la pobreza. Mientras que países como Japón, Corea del Sur, Singapur e Israel, carentes de recursos naturales, son prósperos debido a que invierten en el desarrollo del capital humano. La Unesco señala que la educación es un derecho humano fundamental que posibilita la eliminación de la pobreza, busca la equidad y garantiza un desarrollo sostenible. De igual manera, Claudio Naranjo sostenía que la educación no solo debe proporcionar habilidades profesionales, sino también una competencia humana que se fundamenta en valores y las buenas relaciones para lograr el éxito y la armonía social. Asimismo, el Banco Mundial, impulsor del Proyecto Capital Humano, argumenta que el desarrollo de este poder, elimina la pobreza y genera sociedades más productivas y sostenibles. Para alcanzar este objetivo, es fundamental invertir en la alimentación, la atención médica y la educación de excelencia. Amartya Sen, señala que un país pobre puede impulsar el capital humano mediante la asistencia de todos sus habitantes a la educación, lo cual no implica una educación de excelencia, sino que el acceso a ella es ya un progreso personal de impacto colectivo. Para desarrollar el capital humano, implica impulsar una agresiva política de inclusión para garantizar la accesibilidad de todos los estudiantes y la culminación de la educación básica.   Desarrollar las aptitudes del siglo XXI, tales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades socioemocionales, vinculando a los estudiantes con la realidad laboral, son claves. La alfabetización digital, la creatividad emprendedora y la formación continua de los docentes, pueden inspirar mayores aprendizajes en la comunidad letrada. Sin embargo, el capital humano como una entidad patente y catalítica se consolida en la educación superior. En esa esfera es necesario desarrollar la investigación científica, tecnológica y un pensamiento innovador que asuma la responsabilidad social. Actualizar los programas académicos en correspondencia con países desarrollados es crucial para no quedarse rezagados y es perentorio la priorización de carreras científicas, con valor humano en toda nuestra región, si realmente pretendemos un desarrollo más allá de un crecimiento carente de sólidas bases. La educación desarrolla la riqueza de aprendizaje que constituye el capital humano. Para lograrlo, impulsemos una educación que incluyan a todos, con el objetivo de que nadie pierda la oportunidad de vivir mejor. © David Auris Villegas Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario y creador del ABDIVCP.

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Educación y Día Internacional contra la Corrupción

David Auris Villegas Escribir sobre un tema amenazador, como la corrupción que encarna un obstáculo contra el progreso del país, es un desafío pedagógico. Este fenómeno histórico está muy arraigado en el Perú que golpea a las instituciones y ha estropeado nuestras aspiraciones. En este escenario oscuro, la educación se convierte en una fuente de luz que puede alumbrar el trayecto hacia un Perú más ético, transparente y sostenible en concordancia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Para muchos expertos, la corrupción es la crisis de valores y devaluación humana, desde los escándalos políticos, de malversación de fondos públicos por los gobernantes ahora presos, hasta los pequeños actos de soborno a un policía por una infracción vehicular. Estas pobres acciones perpetúan un ciclo tóxico que, afecta a todos los estratos sociales y hace inviable el desarrollo humano. Sensible ante esta calamidad que azota a la humanidad, La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en su afán por contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, el 31 de noviembre de 2003, ha proclamado el 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción. A partir de entonces, se han llevado a cabo eventos internacionales con el propósito de divulgar la relevancia de la eliminación de la corrupción. No obstante, Transparencia Internacional señala que los países no están logrando eliminar la corrupción.   Daniel Eriksson, director de esta institución, dijo que los líderes y los gobiernos deben crear espacios democráticos para involucrar a los activistas, empresarios, comunidades marginadas y jóvenes para suprimir la corrupción.  Según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC-2022), de 180 países, el Perú ocupa el  puesto 101 con una puntuación de 36, considerando al menos corrupto con 100 puntos. Esto sígnica que somos un país, tristemente gobernado por los corruptos. La Contraloría General de la República, agrega que, durante el año 2022, el Estado peruano sufrió una pérdida de más de seis mil millones de dólares como consecuencia de robo, ineficiencia y despilfarro de las autoridades. Con esta inestimable fortuna perdida, cada año nos encontramos en el inexorable destino de la bancarrota, por lo que es necesario enfrentar la corrupción, con todas las herramientas que la democracia puede brindarnos. Aparte de otras defensas, la educación, como reserva moral de la sociedad, es fundamental, puesto que educa la mente de las personas.  La inclusión de la Ética como asignatura en los planes curriculares del sistema educativo en todos los niveles es relevante, dado que, en la actualidad, la ética y valores se desarrolla como tema transversal que no tienen un impacto significativo en la formación integral de las personas.  Esto implica que no solo es necesario saber acerca de la naturaleza y las secuelas de la corrupción, sino que también se pueden desarrollar estrategias que provoquen el pensamiento crítico y la toma de decisiones éticas en el ámbito educativo. La construcción del patrimonio moral, el intercambio de vivencias y la discusión de temas de ética y corrupción son valiosos para que los educadores se conviertan en actores eficaces en la formación de ciudadanos honestos.  Por otro lado, miremos a la plataforma de Ético de la Unesco, que comparte la experiencia del estado indio de Rajastán que, el 28% de sus escuelas han colocado murales públicos acerca de las inversiones financieras realizadas por la institución, la asistencia de los docentes, entre otros. Estos ejemplos pueden aplicarse en nuestras escuelas con el propósito de educar ciudadanos más transparentes. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Erradicar este cáncer social en el Perú no es una tarea fácil, pero es necesaria para una vida más cómoda y sin pobreza. © David Auris Villegas. Escritor, columnista, profesor universitario y creador del ABDIV

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México: Analizan casos de corrupción y violaciones a los derechos de las y los trabajadores de la ciencia

México: Analizan casos de corrupción y violaciones a los derechos de las y los trabajadores de la ciencia Para avanzar en el fortalecimiento del marco jurídico que garantice la protección de los derechos de las y los trabajadores del sector de HCTI ante casos de corrupción y abuso al interior de sus centros de trabajo, este miércoles se llevó a cabo la quinta jornada de las Mesas de Diálogo “Los Derechos y Garantías de las y los Trabajadores del Sector de HCTI”, en donde participaron especialistas de diversas instituciones y centros públicos de investigación, así como miembros del Programa Cátedras Conacyt, ex colaboradoras de organismos de ciencia y periodistas. Al inaugurar la Mesa “Casos de Corrupción y Violaciones a los Derechos de las y los Trabajadores de la Ciencia”, la titular de la Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional, Dra. Marcela Cristina del Carmen Pouliot Madero, comentó que el Conacyt se encuentra en un proceso de transformación que busca erradicar los vicios del pasado y empezar un nuevo ciclo, en el que prevalezcan los derechos humanos y la no discriminación. Posteriormente, la Mtra. Alma Robles Sardín, secretaria de Organización del Sindicato Auténtico de Trabajadores del CIAD, presentó evidencias de acoso y hostigamiento laboral en ese Centro y destacó la importancia de cuidar la salud mental de las y los trabajadores, así como el derecho a desarrollarse en un ambiente saludable. También, denunció la falta de transparencia del Centro y el funcionamiento deficiente de sus comisiones mixtas. El Mtro. Julio César Sánchez Roldán, secretario de Prevención Social del SITACIO, expuso la necesidad de erradicar la violencia psicológica y el acoso laboral en los centros de trabajo, y destacó la importancia y trascendencia de la denuncia por parte de las víctimas. El Dr. Jorge Zavala Álvarez, integrante del SIPCOLEF, dijo que los Fondos Mixtos y los Fondos Institucionales que anteriormente operaban en el Conacyt son la expresión más clara de la arbitrariedad, pues fueron utilizados para asignar discrecionalmente millones de pesos a proyectos con poca pertinencia para la investigación científica. Además, destacó que el Anteproyecto de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es un claro ejemplo de la intención del Estado de reducir la discreción y la arbitrariedad en el uso de los recursos en las instituciones dedicadas a investigación. Al destacar la importancia de observar el principio pro persona, consagrado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Dra. Gisela Pérez Fuentes, investigadora de la UJAT, dijo que es necesario promover un entorno organizacional adecuado en los centros de trabajo, con el fin de prevenir los factores de riesgo psicosocial relacionados con el desempeño laboral. En ese sentido, agregó que se debe incorporar una Unidad de Verificación de acuerdo a lo establecido en la NOM-035-STPS-2018, vigente pero no aplicada a los centros de trabajo. El Dr. Armando Contreras Hernández, investigador del Inecol, explicó que para impedir el deterioro de las relaciones laborales es necesario proveer un apoyo psicológico y social que fomente la salud colectiva. Explicó que el perfeccionamiento del marco jurídico que rige a la comunidad académica es la base para el crecimiento de las HCTI. En ese sentido, subrayó que, si se quiere mejorar el impacto de la ciencia en la sociedad, es necesario eliminar el sistema de evaluación punitiva, así como la dinámica altamente competitiva y sin reglas democráticas al interior de los centros de trabajo. Más adelante, la Dra. Lena Ruiz Azuara, investigadora de la Facultad de Química de la UNAM, señaló las dificultades y los tipos de violencia de género que comúnmente enfrentan las mujeres en el sector; propuso medidas para erradicarlos e hizo una invitación a las víctimas a denunciar ese tipo de situaciones. También, enfatizó la urgencia de que se rompa el techo de cristal que impide a las investigadoras ocupar puestos directivos en sus organizaciones. El Dr. Pedro Camilo Alcántara Concepción, integrante del Movimiento por la Ciencia, criticó la precariedad de los apoyos que se destinan a los becarios y el manejo discrecional con el que las instituciones de educación superior manejan su presupuesto. En ese contexto, reprobó la permanencia de las autoridades universitarias en las posiciones directivas y la vinculación distorsionada que guardan con la iniciativa privada. Además, propuso la definición de mecanismos de evaluación que tomen en cuenta el contexto en que se desempeñan las y los investigadores a fin de evitar inequidades. La Dra. Rosa María Garza Marcué, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, recordó que a través de la organización sindical se promovieron las conquistas laborales y la defensa del patrimonio cultural, dotando a la materia de su trabajo, el patrimonio cultural, de un singificado laboral. Además, denunció la situación que guardan las y los trabajadores del INAH a partir de la inclusión de ese Instituto a la Secretaría de Cultura. Al presentar los resultados de la encuesta realizada al interior de las cinco unidades del Ecosur sobre la percepción de agresión y violencia hacia las estudiantes y profesoras del Colegio, la Mtra. Guelmy Anilú Chan Mutul, integrante de la colectiva Mujeres Estudiantes Ecosur, criticó la falta de protocolos internos para denunciar y castigar el acoso y hostigamiento en el ambiente laboral, así como la poca empatía de las autoridades y el personal docente para atender estos casos, lo que favorece una normalización de la violencia. La Dra. Ilse Cervantes Camacho, investigadora del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, del IPN, compartió su experiencia sobre el hostigamiento y acoso laboral y sexual que vivió desde 2006 hasta 2015 durante su desempeño como investigadora del IPICYT en San Luis Potosí. Denunció tanto que el Centro no contaba con protocolos para atender estos casos de violencia, como la respuesta de las autoridades, quienes negaron los hechos aduciendo que eran situaciones entre particulares. Por su parte, el Dr. Joaquín Piña Mondragón, miembro del Programa Cátedras Conacyt, dio testimonio sobre el acoso laboral que integrantes de ese programa experimentaron durante su adscripción al CentroMet, así como

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